SUDÁFRICA
- El Caso de Gaza
Antecedentes
El caso conocido como el expediente de Gaza pretende encausar a los soldados sudafricanos por su papel en la guerra de Gaza. Los abogados son todos musulmanes, pero niegan encargarse de la defensa sólo para defender a sus correligionarios. “Este no es un asunto judío-musulmán. Ninguna religión tolera la matanza de inocentes. Ninguna religión tolera la matanza de 1.400 personas, o el uso de fósforo blanco contra la población civil.
Las 3.500 páginas del expediente de Gaza se presentaron como evidencia a la policía de Sudáfrica, a los Servicios de Policía Sudafricana (SAPS) y la Autoridad Judicial (NPA).
El expediente se basa principalmente en el testimonio de los trabajadores de la ONU, grupos de derechos humanos, periodistas y médicos que atendieron a los heridos. La información fue recogida por abogados en una misión de investigación a Egipto y Gaza a principios de este año. Cuenta con cientos de páginas que detallan las consecuencias del uso de fósforo blanco en zonas urbanas, testimonios de víctimas civiles, y la evidencia de escuelas de la ONU bombardeadas por Israel durante la guerra. Fundamentalmente, el caso también contiene evidencia de la participación de sudafricanos en los combates.
Compilado por la Asociación de Abogados Musulmanes, Media Review Network y la Alianza de Solidaridad con Palestina
Situación actual: considerando fase de revisión
- Mavi Marmara – El Caso de Gadija Davids
Antecedentes
Gadija Davids, ciudadano y periodista de nacionalidad sudafricana, estaba a bordo del Mavi Marmara-Flotilla de la Libertad cuando las Fuerzas de Seguridad Israelíes (FDI) asaltaron el barco después de la Operación Plomo Fundido. Los pasajeros de la Flotilla fueron secuestrados, sus pertenencias personales robadas y la carga humanitaria pirateada por la Marina israelí cuando la Flotilla fue redirigida y se le ordenó atracar en el puerto de Ashdod.
A partir de testimonios presentados en los tribunales turcos, muchos pasajeros fueron agredidos físicamente, torturados y tratados de forma inhumana. Esto constituye un crimen contra la humanidad. Estos delitos flagrantes son punibles en virtud del derecho internacional.
Muchos abogados que representan a las víctimas de varias jurisdicciones han trabajado sin descanso con la Fundación de Ayuda Humanitaria IHH en Turquía. Esta organización entregaba en aquel momento la ayuda a la Franja de Gaza. Utilizó y aplicó los principios de jurisdicción universal para investigar a los criminales de guerra israelíes en este ataque.
Durante los pocos años que este caso ha estado en la Corte de Turquía, Davids también había presentado pruebas y su equipo legal participó y contribuyó en el debate sobre jurisdicción universal.
Una remisión por parte del Estado de las Comoras iniciada por IHH también está actualmente en curso en la Corte Penal Internacional
El equipo legal de Davids presentó su caso a nivel nacional bajo los auspicios de la adopción y ratificación del Estatuto de Roma por parte de Sudáfrica en términos depor lo que respecta a la Ley 27 de 2002 de la Corte Penal Internacional.
Organizaciones parte del caso Gadija: Asociación de Abogados Musulmanes, Alianza de Solidaridad con Palestina y Media Review Network.
Situación actual y resultados: en noviembre de 2012 se tomó una decisión sobre requisitos jurisdiccionales y se decidió investigar, conjuntamente por la Unidad de Contenciosos en Delitos Prioritarios (Priority Crimes Litigation Unit , PCLU) de la Fiscalía General (National Directorate of Public Prosecutions, NDPP) y por la Dirección de la Unidade de Investigación de Delitos Prioritairos de las Autoridades Sudafricanas (South African Authorities SAPS Directorate of Priority Crimes Investigation Unit, DIPCI).
El tribunal turco ha enviado una solicitud a la Interpol para emitir órdenes de arresto internacionales para los cuatro hombres. Las órdenes de arresto han sido emitidas para el ex Jefe de Estado Mayor de las FDI, Gabi Ashkenazi, para el jefe de la inteligencia militar, Amos Yadlin, para el jefe de inteligencia de la IAF, Avishai Levi, y para el comandante de las fuerzas navales Eliezer Marom. Por Nabila Ismail
ESPAÑA
El caso (la demanda presentada por los ciudadanos españoles pasajeros del Mavi Marmara, Laura Arau, Manuel Tapial, David Segarra contra los líderes israelíes) se ha cerrado debido al cambio (de la ley española) de jurisdicción universal que no permite que la justicia española investigue un asunto si el acusado no se encuentra en territorio español. La petición del juez para que la policía le informe si los acusados entran en España con el fin de volver a abrir el caso, ha sido retirada para cerrar el caso. El asunto ha sido apelado en la Audiencia Nacional para revocar esta retirada y permitir que se comunique al juez la presencia de los acusados en territorio español. Si esta solicitud prospera y debido a los acuerdos de extradición entre los estados, la decisión será una herramienta valiosa para perseguir a los acusados.
Creo haberte enviado anteriormente un correo electrónico con este enlace (en español) http://www.rumboagaza.org/la-lucha-legal/ que podría traducirse si así lo desea, pero afirmé que podíamos escribir sobre este problema en varios idiomas.
ESTADOS UNIDOS
El gobierno israelí está buscando la inmunidad para el ex ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, en una demanda civil presentada en octubre pasado por los padres de Furkan Doğan, un adolescente estadounidense asesinado el 31 de mayo de 2010 por un comando israelí que asaltó violentamente una flotilla de seis barcos en aguas internacionales. La flotilla llevaba a más de 700 civiles de casi 40 países que buscaban entregar ayuda humanitaria a los palestinos que sufren el cierre ilegal del gobierno israelí de la Franja de Gaza y romper el bloqueo. Los comandos israelíes mataron a 10 civiles, entre ellos a Dogan de 18 años, y decenas más resultaron heridos. Hasta la fecha, no ha habido ninguna rendición de cuentas significativa para las víctimas tras el ataque.
En una carta enviada recientemente al Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno israelí llama a la causa contra Barak “parte de un esfuerzo orquestado y motivado políticamente para invocar y abusar de los procesos judiciales de otros países, incluyendo los Estados Unidos, para lograr fines políticos contrarios a los intereses del Estado de Israel “, y solicita que el gobierno de Estados Unidos presente una “propuesta de conceder inmunidad” en su nombre. Los abogados de Barak adjuntan la carta como un anexo en su moción en busca de que se desestime el caso.
La evidencia de la naturaleza brutal y criminal de la incursión es considerable/: un informe de Naciones Unidas constató que a Doğan le dispararon cinco veces, incluyendo un disparo en la cara “a quemarropa” y la Corte Penal Internacional consideró que se cometieron crímenes de guerra durante la redada. (El fiscal se negó a avanzar en el caso hacia la plena investigación – decisión actualmente en apelación) El caso Doğan no es la única iniciativa reciente para buscar la rendición de cuentas por estos crímenes. A principios de este año, cuatro civiles que resultaron heridos en el asalto al barco con bandera de EE.UU. Challenger I -y por lo tanto en lo que se considera territorio de EE.UU – también presentaron una demanda civil contra el gobierno de Israel.
Aunque hasta la fecha el gobierno de EE.UU. aún tiene que expresar su posición sobre el caso en contra de Barak, tiene un triste historial de apoyo a la impunidad de los funcionarios israelíes, incluso cuando se trata de una lesión grave o la muerte de ciudadanos americanos. El gobierno de Estados Unidos ha apoyado previamente la inmunidad para Avi Dichter, ex director de la Agencia de Seguridad Interna de Israel, en un caso de crímenes de guerra por su aprobación para lanzar una bomba de una tonelada sobre un edificio de viviendas de Gaza, matando a 15 personas – incluyendo ocho niños – e hiriendo a más de 150. Los EE.UU. también apoyaron desestimar un caso contra la empresa Caterpillar. El caso alegaba la complicidad de la empresa en crímenes de guerra, ayudando e incitándolos al proporcionar a Israel excavadoras especializadas que se sabía eran utilizadas en la demolición de viviendas en territorio palestino ocupado, y que habían fallecido y resultado heridos civiles durante estas operaciones. El caso fue presentado por los padres de la pacifista estadounidense Rachel Corrie, que murió aplastada por una excavadora Caterpillar, mientras protestaba por la demolición de casas palestinas en Gaza y cuatro familias palestinas cuyos familiares habían fallecido o resultado heridos durante operaciones de demolición de casas.
A través de un juicio de la Ley de Libertad de Información (FOIA), el Centro para los Derechos Constitucionales ha tratado de averiguar qué sabían los EE.UU. sobre el ataque a la Flotilla, y las acciones que tomó con posterioridad. Para este litigio han sido necesarias más de 15.000 páginas, incluidos los documentos que demuestran que a pesar de la muerte de un ciudadano estadounidense y el abordaje forzado de buques con bandera estadounidense por un ejército extranjero, los Estados Unidos se negaron a llevar a cabo una investigación independiente sobre la muerte de Furkan Doğan y bloquearon directamente los esfuerzos para la rendición de cuentas.
El cierre ilegal de la Franja de Gaza continúa hasta nuestros días, obligando a más de 1,9 millones de personas a vivir en lo que equivale a una prisión al aire libre y en condiciones que se han deteriorado rápidamente desde los ataques militares israelíes en 2014, que destruyeron barrios enteros y mataron a más de 1.500 civiles palestinos.
A través del caso Doğan y la demanda judicial por el Challenger I, los tribunales de Estados Unidos podrían ser el lugar para acabar con el ciclo de crímenes de guerra seguidos de impunidad – o al menos cuestionarlo seriamente. Es decir, a menos que los EE.UU. intervengan y pidan que los casos sean desestimados. Esperemos que la historia no se repita, y que los EE.UU permitan que los casos sigan adelante y se decidan por sus propios fundamentos.
Por Katherine Gallagher, Zachery Morris